Programa UBA XXII de Educación en Cárceles: Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la UBA

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú, firmaron ayer un acta acuerdo donde se cumplen gran parte de los reclamos realizados desde diversos ámbitos hacia el Programa UBA XXII de Educación en Cárceles, como el funcionamiento de las clases en el Centro Universitario de Devoto (CUD), los talleres extracurriculares y los elementos de trabajo de la universidad, entre otros.

La diputada nacional de Libres del Sur y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, junto a legisladores porteños e integrantes de organismos de DDHH, visitaron el martes el CUD y mantuvieron una reunión con los detenidos allí alojados. En ese marco, y previamente a que se hiciera público el acuerdo entre el Ministerio y la UBA, hicieron públicos sus planteos con respecto al Programa UBA XXII en un comunicado, que reproducimos completo a continuación:

«1.- Nuestra preocupación por el avasallamiento, desmantelamiento y ataque que viene sufriendo el Programa UBA XXII de parte del Servicio Penitenciario Federal. En este sentido transmitimos nuestra solidaridad y acompañamiento a los estudiantes del Centro Universitario Devoto.

2.- El CUD es desde hace 25 años una instancia valiosísima que ha permitido que más de 50 personas obtengan un título universitario en el encierro, y ha sido ejemplo para el país y el mundo, por su modelo sustentado en la autogestión de los estudiantes universitarios, justamente lo que hoy se ataca.

3.- Afirmamos la certeza de que la educación es fundamental para la inclusión social de los detenidos y que desde el Estado deben generarse mayores instancias educativas y laborales en ámbitos de encierro.

4.- En el marco de la grave situación de violaciones de Derechos Humanos, torturas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención que se vive en las cárceles y lugares de detención de la Nación y las Provincias, urge fortalecer legalmente herramientas que sostengan procesos educativos como el CUD. Asimismo deben crearse con urgencia, los mecanismos de control de lugares de detención previstos por el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, y en cuya implementación el Estado Argentino se encuentra en mora.

Diputada Nacional Victoria Donda Pérez (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías), Mugnolo y Ariel Cejas (Procuración Penitenciaria), Roberto Cipriano (Comisión Provincial por la Memoria, Comité contra la Tortura), Alcira Daroqui (directora de la Carrera de Sociología de la UBA), Inés Lila Izaguirre (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Julio Raffo y Delia Bisutti (legisladores porteños de Proyecto Sur), Oscar Castelnovo (Agencia Rodolfo Walsh), Alejandro Enrique (secretario de Extensión y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales), Mariana Fernández Camacho (Asociación Civil Venas Abiertas), Lidia Ester Pérez y Carlos Alvarado (Inadi), entre otros».