En el marco de la marcha efectuada ayer contra la inseguridad, la legisladora Victoria Donda y el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Ceballos, creyeron oportuno hacer públicas sus propuestas y opiniones sobre los diferentes puntos de vistas expresados en el último tiempo. En ese sentido, para la diputada Donda, quien entiende que no alcanza con análisis a futuro y que los argentinos necesitamos respuestas inmediatas frente a los hechos de violencia, explica “que en el marco del mal llamado debate sobre la situación de la inseguridad, o mejor dicho, sobre la seguridad pública, brotan en el universo mediático soluciones mágicas y simplistas que coinciden en sus recetas. Estas son: menos derechos, más represión, más discrecionalidad y poder a la policía y estigmatización de jóvenes y sectores sociales desprotegidos. Además, en la mayoría de los medios, las víctimas son siempre personas de clase media, o de clase alta o sus empleados. La inseguridad que se sufre en los barrios, en las villas, no es noticia. Pero sí lo es, que tres narcotraficantes sean asesinados por una interna mafiosa. En ese caso se habla del Crimen de los tres jóvenes empresarios”.
Al mismo tiempo, Ceballos se suma a la diputada agregando “que es preocupante que desde los micrófonos de la farándula, acostumbrados a propalar noticias “del corazón” y otras frivolidades, surja, casi al unísono, una discusión que ya creíamos superada en esta todavía joven democracia: el de la instauración de la pena de muerte. No llama la atención, pero no por ello deja de ser sorprendente, que el reclamo provenga de personajes públicos que fueron funcionales a la dictadura militar o fervientes simpatizantes del gobierno que continuó el plan económico instaurado por ella. Respetamos el derecho de la gente de salir a la calle y manifestarse. Pero debemos discutir con responsabilidad como encarar esta situación entre todos los sectores políticos y sociales”.
A la hora de hacer propuestas, el candidato a diputado del Movimiento Libres del Sur entiende “que para empezar a encontrar caminos y soluciones al problema de la seguridad pública primero debemos respondernos sinceramente algunas preguntas ¿Cómo afectan las condiciones económicas y sociales de exclusión a una inmensa cantidad de ciudadanos? ¿Cuáles son los indicadores y las estadísticas en materia de seguridad de los países con mayores niveles de equidad? ¿Y en los más desiguales? ¿Qué opciones les brindamos como sociedad a los jóvenes expulsados por un sistema injusto? Partiendo de la base de que sólo con educación, trabajo e igualdad es posible construir un país más seguro, también creemos necesario discutir el modo en que el poder político conduce o no a las instituciones encargadas de velar por la seguridad”.
Siguiendo con el análisis Ceballos explicó: “El crimen organizado no puede funcionar sin la connivencia de algún nivel estatal. Ni el narcotráfico, ni la trata de personas, ni los secuestros extorsivos, por citar algunos ejemplos, pueden llevarse a cabo y ser rentables cuando sectores de las fuerzas policiales y/o del poder político no están involucrados. Y claramente eso no se soluciona dándole más poder a la policía, sino todo lo contrario. Debemos reconocer que la conducción de los asuntos de seguridad no debe estar en las cúpulas policiales, sino que es un atributo del poder político, de quien tiene legitimidad democrática. Hay que actuar adentro de esa caja negra que se llama institución policial. Hay que terminar con la corrupción policial y con el autofinanciamiento ilegal. Hay que separar la paja del trigo y estimular a los policías de bien, a los verdaderos servidores públicos, equiparlos correctamente y sancionar y separar a los que utilizan el uniforme para cometer delitos. Lamentablemente, el gobernador Scioli volvió hacia atrás en la única experiencia de gestión política en seguridad, como aquellas reformas impulsadas por el ex ministro Arslanian. Scioli afirmó que la inseguridad era el resultado de esas “trabas” que se le ponían al accionar policial. La implicación de esta institución en el secuestro de Leonardo Bergara es sólo un ejemplo de hacia donde conduce el proceso de autonomización de la policía bonaerense”.
Finalmente Victoria afirma “que el camino de solucionar los temas de seguridad no encuentra solución únicamente en cuestiones policiales o penales. A la mejora de las condiciones sociales de los sectores más desprotegidos, debe seguir una profunda reforma de las fuerzas policiales, adaptando sus estructuras y accionar a los tiempos que corren, desarticulando la corrupción estructural y la alianza con sectores políticos que los apañan. Si las fuerzas armadas, no sin pocas dificultades, resistencias y escollos, pudieron encontrar su lugar, producto de una decisión política de subordinarlas al orden democrático; ha llegado la hora de saldar la deuda con las fuerzas de seguridad, ancladas en la mayoría de los casos en doctrinas y estructuras de otras épocas demasiado autoritarias. Por último pienso, que aunque casi nadie lo tenga en cuenta, un buen camino para completar las propuestas anteriores, podría ser pensar entre todos como incorporar la participación ciudadana en las soluciones y en los desafíos por venir con respecto a los problemas de la seguridad pública”.
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